Las medidas tomadas por el Gobierno provincial y la forma de relacionarse con la sociedad cada vez muestran más diferencias con las formas en que lo hace el Estado nacional.
Mientras que la relación del Gobierno central con el sector rural produjo un estallido en marzo del 2008 luego de la ya famosa y lamentable Resolución N°125, donde los productores salieron a cortar las rutas cansados de ver como el estado les quitaba cada vez más recursos y en sus pueblos no veían ningún tipo de mejoras en infraestructura para el desarrollo de sus comunidades. Luego de esta medida truncada el gobierno siguió hostigando al sector y la relación entre ambos sigue manteniéndose en un clima de tensión.
A contramano del Gobierno Nacional, la semana pasada ocurrió un evento que da evidencia clara de una buena política pública por parte del Gobierno provincial, a la vez que también desnuda las deficiencias de las políticas de la administración K con el mismo sector.
Aunque no se trató el tema con la magnitud que se debería haber tratado, un aumento del 70% en el impuesto inmobiliario como finalmente ocurrió, en cualquier provincia hubiera supuesto un levantamiento de los sectores rurales o al menos una fuerte queja por parte de estos. Sin embargo esto no sucedió, ya que la suba fue pedida por los propios ruralistas, conscientes de los beneficios que han tenido con las obras de infraestructura rural y luchas fitosanitarias que se han realizado a través del al FDR (Fondo de Desarrollo Rural) que se financia con todo lo recaudado por el impuesto inmobiliario por Ley 5.552 (primera gestión de Ricardo Colombi)
Lo sucedido demuestra no sólo que los ciudadanos están dispuestos a pagar sus impuestos cuando ven que los recursos del estado se utilizan de forma correcta resolviendo problemas y ayudando a los ciudadanos a tener un mayor desarrollo en todos los sentidos de la palabra, sino que hasta están dispuestos a pedir un aumento en los tributos.
