Comparaciones odiosas

Hace ya más de dos años que venimos con esta historia inventada por CFK y replicada por los medios oficialistas de que “se nos cayó el mundo encima” producto de la crisis internacional. El gobierno nacional ha decidido recortar la realidad, de manera que el mundo primero fue la crisis española, después Grecia y ahora, aunque no lo pueda creer estamos hablando de la “crisis chipriota”, si el mundo ahora es la isla de Chipre!

Esta costumbre de compararse siempre con lo peor, la costumbre de buscar siempre quien esta peor o el peor momento del país para compararnos y decir que bien que estamos, fue siempre un rasgo de este modelo. Así aun estando en año 2013 seguimos escuchando las comparaciones del kirchnerismo con el año 2001 o con España en su peor momento,  ¿se imaginan a España comparándose con nosotros en el 2001? No pretendo tampoco que nos comparemos con Suiza o Alemania pero ¿si probamos con los de la región?  

Para comparar con la región el Kirchnerismo hace un uso extremo del “ingenio”. Entonces cuando hay un reclamo por seguridad nos dicen “somos más seguros que Colombia o Venezuela” y para hablar de pobreza o analfabetismo, retrucan “estamos mejor que Bolivia, Brasil, Ecuador…”, como si fueran logros. Siempre, históricamente estuvimos mejor que nuestros vecinos en estos aspectos, la cuestión es que cada vez estamos peor en términos comparativos con ellos.

Para hacer una comparación rápida me voy a basar en datos de la CEPAL, que a su vez se basan en los datos oficiales de los países. En el caso argentino en los números del INDEC, que ni Guillermo Moreno puede defender a esta altura. Así podemos ver que tomando el período desde 1998 al 2012 las reservas argentinas crecieron un 94% mientras que el promedio de América Latina es de 385%, el crecimiento en exportaciones de manufacturas en nuestro país es de 138% por debajo de Colombia 151%, Brasil 166%, Chile 180% o Perú 231%, la tasa de desempleo en 2012 fue de 7,6% por lo que fuimos el ante último país de la región superando solamente a Colombia con el 9,9%.

Así también si queremos medir la confianza externa en Argentina podemos ver dos variables.  Por un lado las inversiones directas externas donde, de los 120.000 millones de dólares que ingresaron en el 2011 a América del Sur, Argentina sólo logro captar 7.243. Por otra parte observar a que tasa se pueden endeudar estos países en el exterior. Entonces tenemos que Bolivia emitió su bono a 10 años pagando menos del 5%, Paraguay  pagó un 4,625%,  Perú, Brasil y Chile entre un 2,5% y un 3%, mientras que nosotros no podemos hacerlo a menos del 11% porque si no nadie nos compra nuestros títulos de deuda. ¿Que hicimos entonces? Se los hicimos comprar a la ANSES, o sea a los jubilados al 12% en pesos con una inflación del 25%, bingo!

En fin mientras que la mayoría de los países de la región centran sus discusiones sobre cual es la estrategia para desarrollarse y crecer, nosotros estamos en otra sintonía, inmersos en los temas del pasado que vuelven a ser presente: inflación, el dólar que se escapa, la competitividad que se sigue deteriorando, docentes de huelga, etc. Definitivamente estamos hablando un idioma que el resto de nuestros vecinos no entiende.  

Después de una década de crecimiento no encontramos el camino al desarrollo y en vez de resolver los problemas, el Gobierno Nacional busca justificarse con un mundo que no se nos cae encima, cuando lo que se les cae encima es una realidad que ya no pueden manejar.  

La corrupción, el asesino invisible

El acto del viernes pasado para pedir justicia por las víctimas de la tragedia evitable de Once tuvo como principal consigna “la corrupción mata”. Es inevitable que cuando suceden masacres de tan tremenda magnitud se pongan de manifiesto los efectos directos de la corrupción.

En el caso de Once el gobierno intentó dar una explicación histórica del desmantelamiento de los trenes, que a esta altura parece ridícula después de que el Estado en la era kirchnerista haya “invertido” alrededor de 37 mil millones de pesos en subsidios para llenar los bolsillos de sindicalistas, empresarios y funcionarios, vaciando la vida de 51 personas.

En el caso de Once nuevamente trasciende las fronteras del dolor, donde un acto que debió haber sido para conmemorar a los que ya no están, se tuvo que convertir en un reclamo de lo mínimo que puede pedir una sociedad: justicia.

Sin justicia no vamos a poder avanzar, porque más allá de que la tragedia de Once (o la de Cromañón) conmueva a la sociedad y pongan a luz los efectos de la corrupción, nosotros como ciudadanos debemos entender la gravedad del caso y  que la corrupción mata todos los días de formas menos visibles. Mata, cuando por corrupción: faltan insumos y muere un ciudadano en la cama de un hospital, cuando un niño muere de hambre en algún barrio marginal, mueren de frió los que viven en la calle por no tener un lugar, mueren viajando en colectivos sin control o en una zona liberada por la fuerza policial. De modo que si partimos de la premisa que el Estado es quien debe garantizar un piso o punto de partida de igualdad entre los ciudadanos, cuando se le roba al Estado se le esta robando a quien más lo necesita, porque a diferencia de los sectores de mayores recursos, la única posibilidad de ellos es el amparo del Estado.  

La tragedia de Once debe ser un punto de inflexión para que se pueda creer en la Justicia en Argentina. Que los ciudadanos puedan ver de una vez por todas que “los que las hacen las pagan” sin importar, si el culpable es un poderoso empresario o un alto funcionario de gobierno.

El gobierno no puede mirar para otro lado porque es el principal responsable, debe hacerse cargo y realmente ponerse a disposición de la justicia. Si no vemos a los responsables tras las rejas, la corrupción seguirá matando en silencio todos los días de la mano de la impunidad, sólo hará ruido cuando estalle un tren o se incinere otro Cromañón.  

Un gran paso para despertar al carnaval

Sin dudas este año marcará un punto de inflexión para los carnavales correntinos que han dado un gran paso al contar con un espacio propio para la realización de la gran fiesta. La construcción del corsódromo por parte del gobierno provincial establece un punto de partida para repensar una política de desarrollo sustentable de nuestro carnaval y los desafíos futuros.  

Ahora parece no haber excusas para comenzar a transitar el camino para desarrollar el carnaval en todo su potencial, pero para ello necesitamos que los recursos que se obtienen en nuestra fiesta (aportes privados por publicidad y concesión, subsidios del gobierno, recaudación por entradas, etc.) sean direccionados de la mejor manera para hacer crecer los carnavales.  

Desde esta óptica debemos cuestionar en primer lugar si los carnavales deben estar “privatizados” como están ahora a cargo de la empresa Fénix o si deben ser administrados por el municipio. Como se están gestionando actualmente será difícil que crezcan nuestros carnavales, ya que el gasto y el esfuerzo para promocionar la fiesta a nivel nacional lo hace el Estado, mientras que la recaudación se la lleva el privado haciendo de esto una industria prácticamente extractiva.

La intervención de un privado en la organización de una fiesta que debiera ser popular no es algo negativo en si mismo, sino que depende de las condiciones que desde el municipio se le impongan a la empresa que organiza. En este sentido no se pude otorgar todo el “control” de los carnavales a un privado que, coherente con su  lógica, sólo tiene ánimo de lucro y no de desarrollo de una fiesta que realmente lo necesita. De este modo no se invierte en actividades que no traen un retorno rápido y así la Capital Nacional del Carnaval seguirá dormida.   

Con frecuencia escucho a decir que perdimos el tren del carnaval a manos de Gualeguaychú con el argumento: “porque ellos están más cerca de Buenos Aires”, sin embargo me pregunto si no nos damos cuenta que para Misiones, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja y por qué no Paraguay nosotros somos el carnaval más cercano. Siendo esto así ¿por qué no se hace el esfuerzo de desarrollar nuestro destino en estos lugares? Sencillo, son inversiones de largo plazo que un privado no estaría dispuesto a hacer. Es más lo sucedido con la promoción llegó a tal punto, que en el comienzo de esta edición, varios medios locales reflejaron que la fiesta no se encontraba anunciada ni en el propio sito web de la empresa Fénix.

Otro tema fundamental es volver a que los carnavales sean provinciales y para ello es necesario que  puedan participar las comparsas del interior, que no son menos que las de capital y se merecen ser parte. Nuevamente para ello no hay que pensar tanto en la “rentabilidad”, porque seguro que en el corto plazo, correr con los costos de traer a las comparsas del interior no es “negocio”. Por lo tanto para pensar en el desarrollo de largo plazo se deben utilizar los recursos que genera el carnaval, no sólo como ganancia empresaria sino como reinversión para hacer crecer nuestra fiesta. En este sentido la idea de generar un alojamiento en el mismo predio del corsódromo para los comparseros del interior, que luego sirva para otros eventos que se desarrollan en la provincia, podría ser un primer paso hacia la vuelta de un carnaval realmente provincial.  

Volviendo a la comparación con Gualeguaychú debemos tener en cuenta además que aquel es sólo un destino de fin de semana que tiene prácticamente como única actividad el carnaval y un espacio de playas muy acotado. En cambio Corrientes es un destino definitivamente más completo, con mayor variedad de playas, amplia costanera,  opciones de pesca, una ciudad antigua con una arquitectura envidiable, turismo religioso, cuna del chamamé, entre otros, que no están siendo aprovechados en todo su potencial.  

Así también repensar los carnavales nos exige una visión integral, donde el gran éxito de los carnavales barriales también sea promocionado como parte de la fiesta y donde se puedan empezar a proyectar elementos que mantengan vivo el carnaval todo el año, a través de por ejemplo, un museo del carnaval para contener estos 50 años de historia. Seguramente no faltarán familias dispuestas a donar trajes y elementos para exhibir en el mismo y dejar plasmado el orgullo que sienten por esta fiesta.   

Tenemos el potencial en todo los sentidos, sobre todo en el humano, con los comparseros que sin otra compensación que el aplauso del público preparan sus trajes todo el año, pero no hay que dejarlos solos desfilando y seguir en la dirección que se ha empezado con la construcción de la casa propia, porque tenemos una joya en bruto que nos exige replantear como se la esta “explotando” hoy.

Un país sin provincias

Con una visión sesgada y miope que sólo alcanza a avizorar las próximas elecciones, el Gobierno Nacional institucionalizó lo que venía haciendo de facto. A través de la resolución 13/2013 permitió que los intendentes soliciten recursos para obras directamente con Nación sin pasar por las instancias provinciales. Sin embargo la cuestión de fondo es si es esto sólo una cuestión de poder o tiene un impacto más profundo en nuestra sociedad.

Los argentinos pagamos con sangre en nuestra historia la posibilidad de tener un país federal, donde los pueblos de cada provincia puedan elegir a quienes creen que mejor los representan. Nuestra constitución no establece un sistema unitario como el caso chileno, donde el presidente es quien elige “delegados” para que administren las provincias, como parece querer el Kirchnerismo. Ahora si desean un modelo como este deberían empezar por reformar la constitución.  

El kirchnerismo “puso quinta”, no quiere que haya gobernadores si no son incondicionales y en el fondo tampoco quiere intendentes con autonomía, lo que buscan en definitiva es instalar a fuerza de la caja a gobernadores e intendentes como delegados de la presidente y no como representantes legítimos de sus pueblos.

De este modo es imposible pensar en una patria grande donde se puedan construir proyectos de provincia que se acoplen a un proyecto de país. No se podrá construir un proyecto de provincia donde las decisiones sobre obras y necesidades de cada municipio estén en armonía con el rumbo provincial, si el Gobierno Nacional irrumpe “bajando” recursos como se le da la gana, sin tener en cuenta que los ciudadanos ya han elegido un rumbo cuando votaron a su gobernador. Lo único que se logrará es acentuar las diferencias y la discriminación entre municipios, teniendo una provincia compuesta por un mosaico de intendencias fragmentadas que no se pueden incorporar a un rumbo provincial. Haciendo un paralelismo futbolero, ¿alguien se puede imaginar como jugaría un equipo donde la mitad de los jugadores hable la táctica con el director técnico y la otra con el presidente del club?, lo mismo sucede con las provincias cuando los municipios no están enmarcados en un proyecto de provincia.

El individualismo, la falta de solidaridad y sobre todo la falta de respeto a lo que han elegido los pueblos es lo que propone el kirchnerismo. Le importa muy poco la voluntad popular que no tenga que ver con el nivel nacional y de allí para abajo no pueden digerir que la gente no vota a sus dirigentes a nivel local, porque como pasa en varias provincias no queremos tener delegados obedientes de la Casa Rosada, sino representantes con voz propia para defender los intereses de nuestros compueblanos.  

La Cámpora y la liberación

La Cámpora no es un movimiento homogéneo donde sólo habitan personajes como Mariano Recalde, Andrés “Cuervo” Larroque o Axel Kicillof, entre otros que se pasean en autos importados, con relojes de lujo y vicios más propios de la burguesía que de revolucionarios del siglo XXI. La Cámpora es esto, pero es también una construcción de un relato que busca falsamente instalar un momento épico del gobierno como gran transformador social, donde el kirchnerismo logró aprovecharse de las ganas legítimas de muchos jóvenes de ayudar a llevar a adelante un cambio en el país, para el crear una estructura propia de poder.

El cristinismo hizo un uso hábil de las voluntades genuinas de los jóvenes de participar en política luego de la despolitización vivida en los 90´s, dando extraordinarios recursos vía contratos, cargos en diversos lugares del aparato estatal y una gran exposición de sus figuras dentro de la gestión. Logró transmitirles la idea de que ellos son la renovación de la política, aunque la forma de operar en gran parte de la organización (no en toda) sigue siendo la de la militancia rentada. 

Una estrofa clave para comprender la lógica de poder del movimiento, que devela a su vez dos aspectos relevantes sobre el significado de esta agrupación, es su ya reconocido cántico “Cristina, Cristina, Cristina corazón, acá tenés los pibes para la liberación”.

Por un lado los militantes de La Cámpora creen ser ellos quienes deben “liberar” a la presidenta de las grandes corporaciones, el neoliberalismo y vaya a saber uno que más. Mientras sabemos que cada día la economía está más concentrada, extranjerizada y donde su ahora principal enemigo (Clarín) fue su principal aliado hasta el 2008 y a quién el gobierno le dió la fusión que aumentó aún más el poder de “el grupo” con cablevisión-multicanal.   

Por otra parte devela la estrategia del gobierno encarnado en el personalismo del cristinismo, que sin lugar a dudas busca un poder sin concesiones, sin negociaciones con ningún actor social o político como ocurre naturalmente en los sistemas democráticos. Es aquí donde reside la utilidad de La Cámpora para el gobierno y es por ello que cada vez ocupan más lugares en las listas y la gestión del Estado.

Para el cristinismo La Cámpora  es la herramienta para la liberación, pero no para una liberación a favor de la patria, sino para liberarse del debate con aquellos que piensan diferente aún dentro de su propio espacio, para reemplazar al PJ, para tener una fuerza propia incondicional al calor de los recursos del Estado y tapar con entusiasmo el autoritarismo.

No se puede juzgar a aquellos que militan con la convicción de estar generando un cambio en la sociedad, sino a aquellos que desde arriba manipulan voluntades e ilusiones para mantener una estructura al servicio de unos pocos, donde el desencanto aparecerá cuando termine la actual gestión de gobierno.   

Voluntarismo económico

En momentos en que la economía nacional ha entrado en una notoria desaceleración, que ni el  INDEC ha podido ocultar en su índices revelando una pérdida de 328 mil puestos de trabajo en los últimos 6  meses (volviendo a los niveles de empleo del 2010),  el lanzamiento de CFK de líneas de crédito flexibles a tasas de fomento parecería una noticia alentadora.

La nueva línea crediticia será instrumentada a través del BCRA, dado que en su nueva carta orgánica le otorga la potestad de “regular las tasas de interés y orientar el crédito”. De este modo el BCRA buscará reorientar el crédito, ordenando a los principales bancos privados y a los provinciales, a otorgar créditos por el 5% del total de sus depósitos (se calculan unos 15 mil millones de pesos), a una tasa de interés aproximada de 15% (tasa Badlar más 400pb), con un plazo mínimo de 3 años y con un cupo del 50% destinado a las PYMES.

La medida tomada por el gobierno nacional deber ser reconocida como positiva, sin embargo cuesta creer que CFK y sus funcionarios, se hayan dado cuenta después de casi 10 años de kirchnerismo en el poder, que las entidades financieras se dedicaban a otorgar mayoritariamente préstamos para el consumo. Cuesta creerlo, porque es evidente que gran parte de la alta rentabilidad de los bancos fue producto del modelo nacional, que estableció tasas para plazos fijos por debajo de la inflación permitiéndoles prestar esos fondos a tasas astronómicas para créditos al consumo.  Un proyecto que siempre se ocupó de calentar la demanda y nunca de aumentar la oferta, esta vez parece haber reparado en este aspecto.   

Por otra parte un dato no menor, es que el crédito estará orientado a la inversión productiva con el objetivo de que se invierta en adquisición de bienes de capital y construcción de instalaciones para la producción de bienes y servicios. Esto implica que aquellos que tomen los créditos no podrán hacer inversiones de tipo especulativo de corto plazo, sino que deberán hacer inversiones de mediano o largo plazo, sin embargo para ello es imprescindible contar con el siempre mencionado “clima de inversiones favorable”.

Es decir que para que inviertan tanto los grandes empresarios como los pequeños comerciantes tiene que haber confianza, perspectivas claras de futuro y certidumbre en las reglas de juego. Justamente de esto parece haberse olvidado el gobierno que en los últimos meses ha tomado medidas que van en contra de generar confianza y dar un horizonte a futuro que permita que la gente invierta pensando en largo plazo y no el mes a mes.  

Exigirles un esfuerzo a los bancos, quiénes han sido ampliamente favorecidos por este modelo, poniendo al Estado en un rol activo en el desarrollo nacional sin dudas es ir en el sentido correcto para mejorar la oferta de crédito, pero se debe tener en cuenta que si no hay condiciones favorables para la inversión no va a haber demanda de crédito. Es decir que regular las tasas y los plazos sin dar previsibilidad bajando la inflación, cerrando importaciones y trabando exportaciones en forma arbitraria y cambiando las reglas de juego de manera permanente sirve de muy poco. Que exista crédito barato no significa que la gente lo va a tomar y menos para inversiones que suponen prolongados tiempos de recupero si el futuro no es predecible.

En fin, a los bancos se les pude exigir en estas circunstancias a prestar parte de sus carteras para el fomento de la industria nacional, sin embargo el gobierno debe saber que no puede obligar a pequeños y grandes empresarios a tomar los créditos, sino que se los debe seducir ofreciendo un panorama de oportunidades y teniendo en cuenta a la economía en su conjunto. En la desconfianza generada en estos últimos meses pretender la reactivación del crecimiento con una sola medida, es como querer curar a un elefante con una aspirina.

¿Qué hay detrás del sueño de la casa propia?

El programa de viviendas Pro.Cre.Ar, lanzado por el gobierno la semana pasada sin dudas apunta a resolver una deuda pendiente que tiene la gestión kirchnerista con la ciudadanía. Prueba de ello fue la abrumadora respuesta de la gente para inscribirse, a pesar de que los pasados anuncios como el “Plan Inquilinos” terminaron en total fracaso al haber anunciado que se otorgarían 500 mil créditos cuando se concretaron menos de 8 mil.

Más allá de si el plan cumplirá con las 400 mil casas prometidas en cuatro años (274 casas por día), cosa muy poco probable, es preocupante saber que la fuente de financiamiento será nuevamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La misma que paga una jubilación nacional mínima de $1.687 pesos.

Si bien muchos de los programas que financia la ANSES (como la Asignación Universal por Hijo o Conectar igualdad)  tienen un impacto social innegable, que lo tengan que pagar los jubilados es totalmente cuestionable. Sin embargo,  muchas veces se ha escuchado decir desde el gobierno que este es un sistema “solidario”, donde los que aportan financian la educación y el futuro de los niños o como dice el último informe de la ANSES: “la rentabilidad es entendida no sólo desde un punto de vista financiero, sino también social”.

La pregunta es ¿qué significa esto? Significa que, para los que administran la ANSES está bien que haber cambiado la plata de los jubilados (57,8% del dinero del FGS) por títulos públicos que rinden un 12% cuando la inflación es del 25% para financiar al Estado y que no conforme con esto, los abuelos se van a tener que “solidarizar” otra vez para financiar los nuevos créditos que se prestarán a tasas entre 2% y 16%.

Como deja ver un reciente informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latino­americana (Ieral), los aportes de los jubilados cada vez valen menos, donde a fines de 2009, el Fondo de Garantía podía hacer frente al equivalente a 16 meses de ju­bilaciones nacionales, hoy solo son 12 meses y donde éste fondo representaba el 12,4% del PBI a fines del 2010 hoy representa solo un 10%.

Por otra parte hay que destacar que los fondos no son todos nacionales. Como bien muestra el último informe presentado por el IARAF, de los 20.000 millones anuales que necesitaría el Pro.Cre.Ar para financiarse, más de la mitad lo ponen las provincias (un 59%, es decir unos 11.800 millones) a través del 15% que se les retiene de coparticipación. En el caso de Corrientes su aporte será de $421 millones de pesos anuales.

Para poner este último número en perspectiva hay que tener en cuenta que nuestro instituto de la vivienda IN.VI.CO recibe unos 120 millones anuales del gobierno nacional a través  FONAVI. Es decir que Corrientes pondría por año casi 3 veces de lo que hoy recibe, pero sin poder hacerlo a través de una institución que está hecha para hacer viviendas como es el IN.VI.CO. y sin la garantía de que ese dinero se volcará acá.

Nos podemos preguntar ¿por qué el gobierno nacional no gira los fondos para que cada provincia pueda desarrollar su política habitacional a través de instituciones que siempre lo hicieron, como los institutos de vivienda provinciales? y por otra parte ¿quién se va a solidarizar con los jubilados que cobran una mínima de $1.687 mientras sus fondos se gastan en otros programas?

No nos gusta pensar en dólares

Volvemos a vivir otra vez el síndrome del dólar. Esta vez al menos el gobierno no ha dicho que la culpa la tiene su enemigo preferido y fuente de todas los males “Clarín”, sino los argentinos que tienen un problema cultural de mirar siempre la divisa norteamericana.  Vale decir entonces que este “problemita cultural” no es casual, sino que está directamente relacionado a nuestra larga historia de altos niveles de inflación y recurrentes devaluaciones.

Si bien la fuga de capitales nunca se detuvo a pesar del fuerte crecimiento e indicadores sólidos en la economía nacional desde el 2003, hasta marzo del 2008 salieron del país 300 millones de dólares por mes, mientras que a partir de marzo de ese año la suma mensual se multiplicó por cinco. El crecimiento en la salida de capitales coincide con los dos primeros hechos que empiezan a marcar el camino de la desconfianza hacia nuestro país: la arbitraria  intervención del INDEC y la crisis en el pelea con el campo, que más allá de estar de acuerdo o no con la Resolución Nº 125, el gobierno recurrió a un enfrentamiento abierto con el sector en vez de realizarlo desde un comienzo a través del poder legislativo.

Es en este punto que debemos decir que el dinero no es más ni menos que una promesa de valor del que la emite y por lo tanto depende de la credibilidad del emisor. Esta confianza, simplificando un poco la cuestión, se basa en tener un gobierno que trasmita confianza demostrando respetar el valor de la moneda y  dando señales de reglas claras de juego.  

Respecto a demostrar que respeta el valor de la moneda podemos decir que el gobierno hizo muy poco desde que decidió negar el problema de la inflación y reformar la carta del Banco Central pera emitir más y poder tapar el déficit de un gasto que sigue creciendo a mayor velocidad que la recaudación.

Respecto a las reglas claras la regla ha sido “no hay regla”. Entonces como  ahora necesita dólares prohíbe su compra mediante una “formula” de la AFIP que nadie conoce, pero que rechaza a la mayoría de los que intentan comprarla, traba las importaciones de manera arbitraria sin dar ninguna explicación y de igual modo  para la exportación de varios productos agrícolas.

Por otra parte en una semana escuchamos a un “vocero” del gobierno decir que hay que pensar en pesos pero que con su plata hace lo que quiere, al Jefe de Gabinete que hay que pesificar, a otro funcionario que nunca lo harían, a la mayoría de los funcionarios decir que el mercado negro no importa, sin embargo Guillermo Moreno dice que va acordar un valor para el “blue” que es casi tan ridículo como hacer paritarias del salario en negro. Si algo queda claro, es que no hay claridad en el mensaje y que más que dar tranquilidad producen todo lo contrario.

El gobierno sigue atacando las consecuencias tratando de anclar el dólar, en vez de atacar las causas bajando la inflación y el déficit que ya no puede tapar. El problema no es el dólar sino el peso, los argentinos ya no confían en el peso como lo hacían hace apenas unos meses. No confiar en los pesos en el fondo es no confiar en el rumbo del país y esto en realidad es lo más preocupante, porque a la gente no le gusta pensar en dólares sino que los terminan obligando a hacerlo.

¿Cuánto debe costar el boleto de colectivo?

El último aumento del boleto de colectivo a $2,70 trajo sobre la mesa nuevamente la cuestión de cuál debe ser el valor de este servicio tan sensible al bolsillo de los ciudadanos. ¿Podemos pensar en un tarifa justa?

Comparar el valor absoluto del boleto con el de las provincias vecinas (Resistencia $2.50 y Posadas $2,50 a partir de julio) no tiene mucho sentido, porque a demás de las particularidades del servicio prestado en cada una de ellas, el salario promedio en ambas ciudades es mayor al nuestro.

El precio del boleto de colectivo se determina a través de una fórmula polinómica, que tiene en cuenta diversos factores como ser costos de los diferentes insumos, recorrido del circuito, frecuencia del servicio entre otros tantos. Sin entrar en laberinto de su cálculo ni en juzgar si su aplicación es correcta o no, debemos saber que el valor que la fórmula arroja corresponde sólo al cálculo económico financiero para que el servicio de transporte pueda funcionar, pero no nos dice nada sobre la cuestión social. Es decir sobre cómo impacta esa tarifa en el bolsillo de los ciudadanos y qué efectos negativos trae al conjunto de la sociedad.

Al aumentar el costo del transporte público, la gente hace lo mismo que cuando aumenta cualquier otro bien, es decir compara si seguir consumiendo este o comprar uno que lo reemplace. En este caso podría comparar con la opción de tomar un remis en grupo (pero en este caso tiene que coordinar con otras personas)  o comprar un medio de transporte propio, que usualmente suele ser una moto (podría ser también un auto en otro nivel de ingresos).

Si la opción de comprar un medio de transporte propio es cada vez más conveniente que el transporte público, cada vez más gente va a utilizar esta opción, trayendo aparejado mayor congestión en el tránsito, mayores niveles de contaminación y mayores posibilidades de accidentes viales.

Sin embargo, lo que es más grave es lo que sucede con una gran franja de ciudadanos que no sólo no pueden comprar uno de estos transportes sustitutos del colectivo, sino que no pueden pagar el nuevo boleto y quedan marginados. Estos ciudadanos en general, al ser de recursos bajos no viven cerca de su trabajo y deben recorrer distancias más largas haciéndolo a pie o en el mejor de los casos en bicicleta, afectando de manera directa su calidad de vida y desarrollo.

Por último hay que tener en cuenta de que hemos caído en un círculo vicioso, dado que cada vez que se sube la tarifa viaja menos gente en colectivo y por lo tanto el servicio se vuelve menos rentable empujando otra vez a un nuevo aumento de tarifa, lo que producirá que más gente deje de viajar en transporte público nuevamente.

Se deberá buscar la forma de resolver esta cuestión, que no se trata sólo de fijar una tarifa para que funcione el servicio, sino desde la perspectiva del acceso a este y donde la opción del transporte privado sea una elección y no una conveniencia económica. Si acceder a un bien privado es más barato que un bien público este último ha dejado de serlo.

YPF: los parientes ricos y los pobres

Entre hoy y el jueves se definirá en la Cámara de Diputados de la Nación además de la expropiación del 51% de las acciones de YPF quienes serán los argentinos afortunados de ser dueños y aquellos que, como se dice popularmente “se quedarán mirando la fiambrera”.

De acuerdo al proyecto de ley enviado por CFK, del 51% del total de las acciones de la empresa expropiada, el 51% (26.03% del total) quedará en manos del Estado Nacional mientras que el 49% (24.97% del total) restante en manos de las provincias petroleras que se encuentran dentro de la OPEPHI (Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos). Es decir que sólo 10 de las 24 provincias que conforman el país tendrán derecho a tener acciones de la “nueva” YPF. De este modo, de las provincias que conforman nuestra región, sólo la “Dubai” del NEA (Formosa) podrá acceder a acciones de YPF, mientras que Corrientes, Chaco y Misiones se unirán a las otras 11 provincias que quedan afuera.

¿Por qué deben existir provincias privilegiadas por sobre otras? ¿No somos todos argentinos?. Acaso no es suficiente que las provincias petroleras cobren regalías sobre la producción de petróleo, como les fue otorgado mediante la Ley 26.197 promulgada en el 2006, generando mayores desigualdades entre las provincias que poseen aquellos recursos y las que no. Alguien podría imaginarse qué sucedería si las retenciones a la soja (que vendrían a ser como las regalías petroleras de las provincias que la producen) las cobraran las mismas provincias productoras, en vez del Estado Nacional. Sin dudas que si fuera así las diferencias serían aún mayores que las actuales.

Por otra parte si comparamos con los casos de las represas de Salto Grande y Yacyretá, al ser estos entes binacionales (no son las provincias, sino como corresponde las naciones las dueñas), las provincias que deberían percibir regalías (Corrientes no las percibe, dado que nación no le envía los fondos) no tienen la potestad plena sobre los recursos y dependen del ejecutivo nacional para el giro de los fondos. Es decir que, para poner un paralelismo, no pude quitar concesiones de forma directa, como si lo hicieron las provincias petroleras con YPF con tanta facilidad.   

En un país que se dice federal, el Estado Nacional debe buscar el crecimiento del conjunto de las provincias que componen su territorio. Siguiendo esta lógica, aquellos recursos que no se distribuyen de manera uniforme en el territorio (como pueden ser el petróleo o la minería) deberían quedar en manos del Estado Nacional para poder ser distribuidos en pos del desarrollo nacional. Si esto no ocurre de este modo, habrá provincias bendecidas por la naturaleza y otras con “mala suerte”, es decir que habrá ciudadanos que no por su capacidad, sino por el azar serán ricos, mientras que otros pobres, sólo por obra de la naturaleza.

El hecho de que YPF sea de todos, además de ser justo podría ser un camino para comenzar a torcer estas diferencias y fortalecer los lazos solidarios interprovinciales. Sin embargo del modo que está planteado el proyecto las provincias de la OPEPHI, además de tener la bendición de tener petróleo y gas, de tener por ley el privilegio de poder cobrar regalías y decidir sobre todo lo referido a su producción de petróleo, tendrán el injustificable privilegio de ser “más” dueñas de YPF que el resto de las provincias. Tendrán más derechos unas provincias que otras sobre una empresa que es de todos los argentinos.

Si los diputados nacionales no logran cambiar el proyecto enviado, en esta nueva historia de YPF hacia el futuro estarán los parientes ricos y los parientes pobres de los hidrocarburos nacionales, donde los primeros tendrán voz y voto, mientras que para los segundos quedará el injusto silencio. 

Schoklender no estaba solo

¿Es Schoklender el centro del problema? ¿Por qué los funcionarios del gobierno nacional temen que hable el ex apoderado de las Madres?

Sin dudas el hombre más nombrado de los últimos días es Sergio Schoklender, el ex apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, que recibió del Estado Nacional fondos estimados en 300 millones de dólares para ejecutar la construcción de viviendas.

El debate en los medios y la calle se da en torno a este personaje como si fuese el eje de la discusión, mientras Hebe (que tampoco es la cuestión central) y el gobierno nacional no saben que más hacer para despegarse del escándalo. Sin embargo el problema es que estemos hablando de Schoklender, ya que de este modo tenemos al culpable de “todo” y hasta pareciera que si es encontrado culpable por la justicia será caso cerrado.

Debemos dejar de hablar de Schoklender y en cambio preguntarnos, ¿por qué el gobierno le dio semejante suma de dinero a un organismo sin control?, ¿Quién o quiénes son los cómplices de Schocklender dentro del gobierno? Es evidente que no actuó solo. Nadie del gobierno le daría semejante suma sin control a la fundación y con evidencias tan claras de la estafa que se estaba realizando con los altísimos costos de construcción de las viviendas que realizaban, como lo expresó la ex ministra Felisa Miceli en su informe del año 2007. Todo indica que detrás de estos sobre precios habría escandalosas cifras de “retornos” a funcionarios del gobierno que en parte habrían ido a financiar campañas oficiales.

En varios despachos del oficialismo, hay gran nerviosismo no por lo que dijo Schocklender, que cada vez que habla embarra más la cancha, sino por todo lo que sabe y aun no dijo. Si la justicia profundiza la investigación caerán varios funcionarios en un escándalo de corrupción si precedentes.

Hubo funcionarios que decidieron tomar bandera de los DDHH y un grupo de mujeres que tanto han luchado por la causa, para estafar a todos los argentinos. Esto debe quedar claro, ya que la más afectada hoy no es Hebe de Bonafini (quien también deberá someterse a la justicia de modo que no quede ninguna duda de su inocencia) sino el pueblo argentino, porque cuando se le roba al estado se les está robando a todos, pero sobre todo a aquellos que más lo necesitan.

Cambiemos el eje de la discusión, el hecho es que usaron como escudo a 30 mil desaparecidos y al símbolo de la lucha de los DDHH como Madres de Plaza, para robar. Hablemos de corrupción donde el gobierno nacional uso a los “pañuelos” como papel higiénico.

Dejar de ser “Idiotas”: el desafío de participar

Los jóvenes que nacieron entre mediados de los 70s y fines de los 80s en familias donde no se haya fomentado la participación en lo público sienten en su gran mayoría un rechazo y desinterés hacia la participación en política, instituciones sociales o en la esfera pública en general.

Los más grandes de estas camadas llegaron a la adolescencia con una democracia recuperada o que vieron recuperarse en pocos años, mientras que los más jóvenes vivieron su adolescencia en plena década de los 90´s donde se profundizó el individualismo y creció la apatía por participar en ámbitos relacionados al interés por el bienestar de la sociedad.

La tendencia que marcó a estas generaciones y que aún está vigente es la que tiene como principio que lo único que importa es el éxito personal, como si fuera posible poder tener éxito individual sin tener en cuenta lo colectivo. De este modo se afianzó la cultura del “no te metas”, la idea de que “si estudias y te capacitás, trabajá en lo privado y si no te queda otra en el estado”, transmitida de padres a hijos como nuevo concepto de vida donde en el fondo se juega al “sálvese quien pueda”. Así este concepto no se refiere sólo a la participación en política, sino que abarca todo el ámbito de lo público e implica que “no te metas en una ONG, en la dirección de un Club, en una asociación, etc” hasta llegar al punto de haber creído la ya famosa y célebre frase que resume esta forma de actuar: “yo pago mis impuestos y tengo derecho”, dejando en manos de otros para que lo solucionen todo.

De a poco muchos se fueron dando cuenta, otros aún no, de que el éxito económico individual no alcanza, porque cuando salimos de nuestras casas en los espacios públicos todos somos iguales. De modo que al transitar por una ciudad sucia, con las calles rotas, sufrir la inseguridad que ha crecido de la mano de la exclusión y la desigualdad, el deterioro de la educación, la falta de acceso a la salud, pagar cada vez un precio más alto por servicios públicos de baja calidad como el transporte público o la energía entre otros, nos afecta en mayor o menor medida a todos.

Es por todo esto y muchos otros motivos más que es el momento de dejar ser “Idiotas” en el estricto sentido que usaban los griegos del término “idiótes”: utilizado para referirse a quien no se metía en lo público, preocupado tan sólo en lo suyo, incapaz de ofrecer nada a los demás. Es momento de meterse y de participar desde el lugar que nos toca a cada uno para poder construir una realidad diferente y apostar activamente a hacerlo sin creer que depositando nuestro voto cada dos años, o “pagando los impuestos al día” nuestra responsabilidad como ciudadano está cumplida y las cosas se solucionarán por arte de magia. En definitiva hace falta compromiso porque sin el no habrá ciudadanos que participen y será como alguna vez dijera Gandhi “no podremos construir un mundo diferente con gente indiferente”.

El DNI ideológico, mostrar antes de opinar

Si por algo se ha caracterizado la administración Kirchnerista es por tratar de mostrarse como un gobierno fundacional al ritmo de: “antes de ellos nada y después de ellos todo” (la nueva patria). Para sostener esta estrategia sabían que debían ganar la batalla cultural y para ello consideraron necesarios la generación de un andamiaje de intelectuales y “militantes de la cruzada verbal” que atacan, descalifican, escrachan y denigran a cualquiera que opine de manera diferente.

Ganar el debate con argumentos válidos no es el objetivo principal de los cruzados K. El primer golpe, al mejor estilo del que “pega primero pega dos veces” está en etiquetar y poner al otro en un lugar incómodo desde donde darle la estocada final, antes de que pueda empezar a argumentar cualquier idea. Como se dice en la jerga se busca “sacarlo de la cancha antes de que entre”.

De este modo a la primera palabra expresada que no concuerda con las ideas del “Gobierno Nacional y Popular”, los verborrágicos militantes k disparan su metralla calificando al “oponente” de: fascista, oligarca, gorila, anti patria, golpista, pro dictadura y cipayo, entre otros. Debido a esto hemos visto a periodistas, intelectuales o referentes de diversos temas tener que empezar con un listado de aclaraciones que van desde: “yo no estoy del lado de clarín”, “nunca estuve con la dictadura”, “no defiendo a las empresas”, “no soy golpista”, entre otras antes de hacer una crítica al gobierno como precaución de los ataques que saben que van a venir de los sectores oficialistas.

Sin embargo, estos ataques que antes sólo lo recibían personalidades públicas ahora se han trasladado a todos los foros, blogs, diarios o comentarios en redes sociales. De este modo obligan también a los ciudadano comunes s a tener que dar una catarata de explicaciones ideológicas que nada tienen que ver con el problema concreto que se discute pero que deben hacerlo para defenderse de los ataques de los “ciber militantes k”.

Así la militancia k del pensamiento único, antes de dejar opinar a cualquier otro ciudadano ejerce sobre éste el poder de policía pidiendo que le muestre su “DNI Ideológico”, donde el no oficialista deberá expresar todas sus posturas antes de pronunciar la primera palabra en contra del “modelo k”.

Corrientes y Nación: las dos caras de la moneda

Las medidas tomadas por el Gobierno provincial y la forma de relacionarse con la sociedad cada vez muestran más diferencias con las formas en que lo hace el Estado nacional.

Mientras que la relación del Gobierno central con el sector rural produjo un estallido en marzo del 2008 luego de la ya famosa y lamentable Resolución N°125, donde los productores salieron a cortar las rutas cansados de ver como el estado les quitaba cada vez más recursos y en sus pueblos no veían ningún tipo de mejoras en infraestructura para el desarrollo de sus comunidades. Luego de esta medida truncada el gobierno siguió hostigando al sector y la relación entre ambos sigue manteniéndose en un clima de tensión.

A contramano del Gobierno Nacional, la semana pasada ocurrió un evento que da evidencia clara de una buena política pública por parte del Gobierno provincial, a la vez que también desnuda las deficiencias de las políticas de la administración K con el mismo sector.
Aunque no se trató el tema con la magnitud que se debería haber tratado, un aumento del 70% en el impuesto inmobiliario como finalmente ocurrió, en cualquier provincia hubiera supuesto un levantamiento de los sectores rurales o al menos una fuerte queja por parte de estos. Sin embargo esto no sucedió, ya que la suba fue pedida por los propios ruralistas, conscientes de los beneficios que han tenido con las obras de infraestructura rural y luchas fitosanitarias que se han realizado a través del al FDR (Fondo de Desarrollo Rural) que se financia con todo lo recaudado por el impuesto inmobiliario por Ley 5.552 (primera gestión de Ricardo Colombi)

Lo sucedido demuestra no sólo que los ciudadanos están dispuestos a pagar sus impuestos cuando ven que los recursos del estado se utilizan de forma correcta resolviendo problemas y ayudando a los ciudadanos a tener un mayor desarrollo en todos los sentidos de la palabra, sino que hasta están dispuestos a pedir un aumento en los tributos.

Herencia y Juventud K

Negar que Néstor Kirchner ha dejado su huella en la historia de este país sería de una necedad absoluta, aunque esto no signifique estar de acuerdo con las medidas tomadas. No se puede negar el éxito del canje de la deuda externa llevado a cabo con Lavagna en momentos muy difíciles para el país, tampoco podemos negar que nunca perdió la iniciativa, no se dejó manejar la agenda y puso a la política en el centro del debate.

Por otra parte tampoco podemos olvidar las consecuencias de su estilo de mezquindad política de cerrar todo el diálogo en los últimos años, el poco respeto por las instituciones y las múltiples sospechas de corrupción como ningún otro gobierno desde la vuelta de la democracia. Su carácter centralista terminó por destruir lo poco que había de un país con rasgos federales haciendo del corazón de la patria una chequera para usar a gusto.

Así nos dejó una ley de Asignación Universal por Hijo que podría haber sido realmente universal, pero que por querer llevarse el rédito político nunca dialogó con aquellos que peleaban por esa iniciativa incluso mucho antes que él. También heredamos una nueva “Ley de Medios” contra Clarín y no a favor de los ciudadanos, una gran medida para la cultura popular como “Futbol para Todos” pero repleta de publicidad oficial, el veto al 82% móvil a los jubilados porque prefieren no darles el derecho sino hacer anuncios cada vez que les aumentan el haber, al mismo tiempo que usan a gusto la caja de la ANSES.

Juventud K

El día de la muerte de Nestor K, el grupo generacional que en mayor medida ocuparon la plaza de Mayo fueron los jóvenes. Al escuchar sus testimonios y argumentos por los cuales consideraban un líder a Néstor Kirchner, me di cuenta de la tergiversación de la historia que estaban viviendo. Jóvenes de entre 16 y 22 años, que cuando asumió el ex presidente sólo tenían entre 9 y 13 años, decían que Kirchner fue el único que hizo algo por los DDHH olvidando el Juicio a las Juntas de Alfonsín ó coreaban en contra de periodistas como Lanata al que los medios oficiales llegaron al ridículo de querer hacerlo ver como alguien pro militar.

Son jóvenes que están convencidos de la historia oficial, como el relato sobre Papel Prensa, el de un Kirchner que no tuvo nada que ver con las privatizaciones y todas las medidas neoliberales de los 90 o que creen que su líder luchó contra la dictadura cuando los que lucharon realmente en su provincia nunca lo vieron a su lado.

Lamentablemente han ganado parte de la batalla del relato, han encontrado mediante la reescritura tergiversada de la historia pasada y contemporánea en los jóvenes una presa fácil.

Cuentas claras: transporte público

Esta semana volvió a surgir el conflicto por el aumento del boleto del transporte público. Hubo fuertes cruces entre funcionarios, custodia policial en la entrada de la municipalidad por las marchas de los sectores que se oponen a la suba pero nada que deje en claro cuál es la situación del transporte en nuestra ciudad.

¿De cuánto sería el aumento en realidad?

Es importante recordar que este sería el segundo aumento en lo que va del 2010. En enero de este año el boleto pasó de $1,30 a $1,60 y ahora la comisión mixta plantea dos posibles valores de $2,21 y $2,41, con lo cual la suba anual sería de nada más y nada menos que de un 70% o un 85%, según cuál de los dos nuevos valores propuestos se tome. Es necesario hacer esta aclaración ya que en varios medios se ha reflejado que el aumento sería del orden de 38 al 50%, esto ocurre porque toman como base el boleto a $1,60 cuando en realidad hay que tomar el boleto a $1,30 y medir la variación en el año, sino se pierde el sentido del cálculo.

Números poco claros de un negocio millonario

Por ahora las empresas de transporte juegan al silencio. No así desde el municipio, donde la nota de color la dio el subsecretario de Transporte de la Ciudad de Corrientes, Gustavo Larrea, quién por una parte dijo que “hay un desfasaje de por lo menos el 15%” en el valor del boleto pero luego avala una tarifa de $2,21 significando esto un aumento del 38%.

Por otra parte, Larrea expresó que se supone que “las empresas reciben subsidios por $6.600.000 pesos al año, cuando sólo hay que verificar la página de la Secretaría de Transporte de la Nación y esos montos no llegan ni a la mitad”. Sin embargo, verificando en el sitio oficial de dicha Secretaría (http://www.transporte.gov.ar) las empresas reciben sólo de subsidio en concepto de SISTAU (Sistema de Transporte Automotor) alrededor de $800 mil por mes. A este monto se agregan otros conceptos como C.C.P (Compensación Complementaria Provincial), subsidio salarial por trabajador y subsidio en el precio del combustible, llegando para el último mes de agosto a la suma de $5.120.605*, es decir que lo que el Larrea dice que reciben en un año es lo que prácticamente reciben en un sólo mes. Este número además no incluye los subsidios que les da el municipio en patentes, multas y otros. Difícil será que se negocie un buen precio para los vecinos de la capital si no se tiene claro esto.


El ABC de subir el boleto

La técnica no es exclusiva de este gobierno municipal, en todas las administraciones ha sido la misma: “las empresas piden más para acordar por menos”. Así es de suponer que el boleto no llegue a ninguno de los valores propuestos por la comisión mixta sino que llegue a un valor de $2.

Transporte, ¿público?

Si el boleto llega a los $2, el costo de trasladarse en colectivo para una pareja capitalina tipo será de $384 mensuales, con lo cuál le convendrá más comprarse una moto y asumir sus costos que usar el transporte público. Seguir en este rumbo no es sostenible, si no se cambiamos la política de transporte estaremos diciendo que es más público el transporte privado que el que se hace llamar de este modo.

* Datos oficiales de la Secretaría de Transporte de la Nación (http://www.transporte.gov.ar) y de A.U.C.

Aumento salarial: un ejemplo a seguir

Hace unas semanas mientras los gremios docentes “duros” locales nucleados en SUTECO, SADOP y ACDP discutían nuevamente el aumento del salario docente, en el país vecino de Uruguay, su presidente José “Pepe” Mujica hacía un planteo al menos innovador sobre la renegociación salarial que llevará a cabo su administración.

Mujica proponía nada más y nada menos que fijar los sueldos de los empleados estatales según el desempeño y lo hizo saber a través de uno de sus ministros quien declaró que era prioridad “avanzar en la remuneración por resultados a nivel global en la administración”. La base de la propuesta impulsada en Uruguay, busca poner en debate como se implementarán los nuevos incrementos salariales.

En general cuando un sector reclama un aumento, el fondo de la cuestión es la lucha por el derecho un salario digno o competitivo para la función que cumplen en sus puestos de trabajo, pero lo que quiere sumar Mujica a ese derecho es el concepto de cumplimento obligaciones como parte de la mejora salarial para los trabajadores.

El presidente uruguayo fue más lejos y para introducir la propuesta en el debate optó por comenzar con el sector docente. De esta manera buscará vincular parte del esfuerzo que realiza la sociedad para financiar a la educación pública con un correlato en los indicadores de mejora de la calidad educativa. Así la propuesta inicial en concreto fue que del 22% de aumento que se otorgará a los docentes un 8% estaría atado a metas de gestión y presentismo.

El debate con los docentes no será sencillo y deberán discutirse también asuntos como la inversión en infraestructura, materiales para clases y otros elementos que también influyen en el desempeño docente y hacen a la calidad educativa. Lo que no debemos dejar de reconocer, es que Mujica traza un dirección en la cual deberíamos a avanzar y de una vez por todas empezar a hablar no sólo de derechos sino también de obligaciones.

Ayuí: contaminación y política

Más allá del debate en particular sobre el proyecto Ayuí Grande, nuestra provincia se juega el futuro de su desarrollo en los próximos años. ¿Cómo deberíamos enfrentar esta situación?

La preocupación por proteger el medio ambiente no es sólo legítima, sino necesaria. Gracias al esfuerzo de los grupos especializados en impacto ambiental por difundir la problemática el cuidado del mundo en que vivimos se ha instalado en la agenda de la sociedad. Sin embargo, esta suerte de “concientización” ha llevado a algunos sectores a una posición extrema, como define el filósofo español Fernando Savater, no son lo mismo lo ecologistas que los ecólatras.

Mientras los ecologistas son quienes se preocupan por la conservación de la naturaleza entendiendo las necesidades del hombre que la habita, los ecólatras sólo se interesan en conservar el medio ambiente por el hecho mismo de preservarlo, sin importar las necesidades del hombre. Así para el ecólatra cualquier tipo de contaminación del medio ambiente es despreciable, pero se olvida que toda actividad humana es contaminante y que sin ella el desarrollo y el progreso de la vida humana son imposibles. Siguiendo esta lógica no se podrían producir energía, alimentos u otros bienes para la gran cantidad de habitantes que viven hoy en nuestro planeta.

Es por ello que el debate sobre Ayuí Grande no debe darse en el maco irracional de decir que el proyecto “contamina”, ya que esto no es suficiente y lo que se debe juzgar es si se está haciendo de la manera que puede generar menor impacto dada su producción. Esto es vital debido a que sin ello nuestra provincia, tan rica en recursos naturales, no podrá dar el próximo paso hacia el desarrollo. Hoy es Ayuí, pero mañana tendremos que dar el debate sobre la represa Garabí, la industria forestal para darle valor agregado a la madera con una papelera u otros proyectos que saquen a nuestra provincia de la pobreza y el subdesarrollo en que estamos sumergidos.

Serán los técnicos y científicos lo que tendrán que dar el debate específico sobre cada proyecto, pero somos nosotros los que debemos apostar al desarrollo sustentable que nos permita un equilibrio entre naturaleza y desarrollo económico. Lo que tampoco debemos dejar que suceda, es que la cola de la mala política se meta y en vez de discutir lo importante sobre Ayuí Grande, algunos se opongan solamente porque uno de los integrantes del grupo económico que lleva adelante el proyecto, es también parte de su “archi” enemigo en el Grupo Clarín.

Desendeudamiento: La verdad

Finalmente en el último minuto, como en una película de acción y no como debería haber sido en un marco político responsable, Corrientes accedió al Plan de Desendeudamiento. ¿Quién paga la cuenta? ¿Nos hace un gran favor la nación?

Lo más destacable del “Plan de Desendeudamiento” es el alivio financiero que traerá para la provincia debido a la refinanciación del los 1.700 millones de pesos que tenían vencimientos entre el 2013-2017 y ahora van a pasar al 2030. A esto debemos sumarle la baja en la tasa de interés que será del 6% fija y además la actual administración tendrá un período de gracia hasta enero de 2012 para empezar a pagar. Sin embargo lo más interesante es de donde saldrá el dinero para que el stock (o monto total) de deuda de la provincia se reduzca en aproximadamente un 40% como hemos escuchado en varias declaraciones a los medios.

Se ha hablado en muchas oportunidades de “un gran gesto de Nación o de la presidente con las provincias”, pero lamento informarles que en realidad no es tan así. El “esfuerzo” que hace Nación por las provincias está en la refinanciación, es decir en alargar los plazos para pagar y en bajar los intereses. A cambio se asegura no perder recursos valiosos como podría haber sido la coparticipación del impuesto al cheque entre otros si las provincias avanzaban en el Senado Nacional.

Sin embargo lo que no se dice es que gran parte del desendeudamiento se hace con plata de las provincias y que el gobierno nacional les debía, es decir que el gobierno no nos está “perdonando nada” sino que esta compensando una deuda con otra. Para hacerlo sencillo, las provincias le debían dinero al gobierno nacional pero éste a su vez les debía dinero a las provincias de los famosos recursos no distribuidos del Fondo ATN (Adelantos del Tesoro Nacional) que se vienen acumulando desde el año 2002 y llegan a la suma de $9.400 millones.

En fin, lo que hizo el gobierno nacional fue en gran medida “devolver” esos fondos a las provincias. Lo único que nos “perdonó” fue una baja de interés, pero de ninguna manera nos desendeudó con recursos propios sino nuestros. Así, si bien la intención del gobierno central es buena, se adjudica más méritos de lo que le corresponden.

“Sincericidio K”, por la boca muere el pez

Quizás lo más relevante de toda la visita de Néstor Kirchner en la provincia, por lo menos en lo que respecta a los correntinos más allá del PJ, se produjo en las primeras declaraciones que realizó el ex presidente y que fue tomado por varios medios como titular en sus portadas.

Corrientes aún se encuentra entre las provincias que no accedieron al Plan de Desendeudamiento que aliviaría las finanzas provinciales y Néstor Kirchner sabe que es un tema del que debía dar explicaciones ante los correntinos. Así fue como el ex mandatario no midió las consecuencias y declaró: “La presidenta ama Corrientes, por más que hayan senadores que en lugar de preocuparse por Corrientes, votan en contra.”

Con esta primera frase tiró por la borda y dejó en “offside” a los representantes del PJ local que vienen diciendo hace meses que Corrientes no accede al desendeudamiento porque no cumple con algunos requisitos formales, por no tener el presupuesto aprobado o por no desistir de los juicios que la provincia tiene con la nación. Sin duda que en parte estos argumentos son válidos, pero lo que no dicen y más preocupa a Néstor Kirchner son los votos en el senado y no poder presionar para doblegar la voluntad de senadores no alineados. Como ya había analizado en una columna escrita hace un par de semanas, todo pasa por lo político y como Ricardo Colombi no tiene senadores que le respondan automáticamente como le gustaría al ex presidente, Corrientes queda postergada entre las últimas provincias para firmar. En el medio, todos los correntinos.

Este acto de “sincericidio” dejó claro que lo único que le importa al gobierno nacional son los votos en el senado para poder manejar la cámara y no perder futuras votaciones. Esta vez no lo digo yo, lo dijo claramente su jefe político Néstor Kirchner.