¿Qué hay detrás del sueño de la casa propia?

El programa de viviendas Pro.Cre.Ar, lanzado por el gobierno la semana pasada sin dudas apunta a resolver una deuda pendiente que tiene la gestión kirchnerista con la ciudadanía. Prueba de ello fue la abrumadora respuesta de la gente para inscribirse, a pesar de que los pasados anuncios como el “Plan Inquilinos” terminaron en total fracaso al haber anunciado que se otorgarían 500 mil créditos cuando se concretaron menos de 8 mil.

Más allá de si el plan cumplirá con las 400 mil casas prometidas en cuatro años (274 casas por día), cosa muy poco probable, es preocupante saber que la fuente de financiamiento será nuevamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La misma que paga una jubilación nacional mínima de $1.687 pesos.

Si bien muchos de los programas que financia la ANSES (como la Asignación Universal por Hijo o Conectar igualdad)  tienen un impacto social innegable, que lo tengan que pagar los jubilados es totalmente cuestionable. Sin embargo,  muchas veces se ha escuchado decir desde el gobierno que este es un sistema “solidario”, donde los que aportan financian la educación y el futuro de los niños o como dice el último informe de la ANSES: “la rentabilidad es entendida no sólo desde un punto de vista financiero, sino también social”.

La pregunta es ¿qué significa esto? Significa que, para los que administran la ANSES está bien que haber cambiado la plata de los jubilados (57,8% del dinero del FGS) por títulos públicos que rinden un 12% cuando la inflación es del 25% para financiar al Estado y que no conforme con esto, los abuelos se van a tener que “solidarizar” otra vez para financiar los nuevos créditos que se prestarán a tasas entre 2% y 16%.

Como deja ver un reciente informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latino­americana (Ieral), los aportes de los jubilados cada vez valen menos, donde a fines de 2009, el Fondo de Garantía podía hacer frente al equivalente a 16 meses de ju­bilaciones nacionales, hoy solo son 12 meses y donde éste fondo representaba el 12,4% del PBI a fines del 2010 hoy representa solo un 10%.

Por otra parte hay que destacar que los fondos no son todos nacionales. Como bien muestra el último informe presentado por el IARAF, de los 20.000 millones anuales que necesitaría el Pro.Cre.Ar para financiarse, más de la mitad lo ponen las provincias (un 59%, es decir unos 11.800 millones) a través del 15% que se les retiene de coparticipación. En el caso de Corrientes su aporte será de $421 millones de pesos anuales.

Para poner este último número en perspectiva hay que tener en cuenta que nuestro instituto de la vivienda IN.VI.CO recibe unos 120 millones anuales del gobierno nacional a través  FONAVI. Es decir que Corrientes pondría por año casi 3 veces de lo que hoy recibe, pero sin poder hacerlo a través de una institución que está hecha para hacer viviendas como es el IN.VI.CO. y sin la garantía de que ese dinero se volcará acá.

Nos podemos preguntar ¿por qué el gobierno nacional no gira los fondos para que cada provincia pueda desarrollar su política habitacional a través de instituciones que siempre lo hicieron, como los institutos de vivienda provinciales? y por otra parte ¿quién se va a solidarizar con los jubilados que cobran una mínima de $1.687 mientras sus fondos se gastan en otros programas?

No nos gusta pensar en dólares

Volvemos a vivir otra vez el síndrome del dólar. Esta vez al menos el gobierno no ha dicho que la culpa la tiene su enemigo preferido y fuente de todas los males “Clarín”, sino los argentinos que tienen un problema cultural de mirar siempre la divisa norteamericana.  Vale decir entonces que este “problemita cultural” no es casual, sino que está directamente relacionado a nuestra larga historia de altos niveles de inflación y recurrentes devaluaciones.

Si bien la fuga de capitales nunca se detuvo a pesar del fuerte crecimiento e indicadores sólidos en la economía nacional desde el 2003, hasta marzo del 2008 salieron del país 300 millones de dólares por mes, mientras que a partir de marzo de ese año la suma mensual se multiplicó por cinco. El crecimiento en la salida de capitales coincide con los dos primeros hechos que empiezan a marcar el camino de la desconfianza hacia nuestro país: la arbitraria  intervención del INDEC y la crisis en el pelea con el campo, que más allá de estar de acuerdo o no con la Resolución Nº 125, el gobierno recurrió a un enfrentamiento abierto con el sector en vez de realizarlo desde un comienzo a través del poder legislativo.

Es en este punto que debemos decir que el dinero no es más ni menos que una promesa de valor del que la emite y por lo tanto depende de la credibilidad del emisor. Esta confianza, simplificando un poco la cuestión, se basa en tener un gobierno que trasmita confianza demostrando respetar el valor de la moneda y  dando señales de reglas claras de juego.  

Respecto a demostrar que respeta el valor de la moneda podemos decir que el gobierno hizo muy poco desde que decidió negar el problema de la inflación y reformar la carta del Banco Central pera emitir más y poder tapar el déficit de un gasto que sigue creciendo a mayor velocidad que la recaudación.

Respecto a las reglas claras la regla ha sido “no hay regla”. Entonces como  ahora necesita dólares prohíbe su compra mediante una “formula” de la AFIP que nadie conoce, pero que rechaza a la mayoría de los que intentan comprarla, traba las importaciones de manera arbitraria sin dar ninguna explicación y de igual modo  para la exportación de varios productos agrícolas.

Por otra parte en una semana escuchamos a un “vocero” del gobierno decir que hay que pensar en pesos pero que con su plata hace lo que quiere, al Jefe de Gabinete que hay que pesificar, a otro funcionario que nunca lo harían, a la mayoría de los funcionarios decir que el mercado negro no importa, sin embargo Guillermo Moreno dice que va acordar un valor para el “blue” que es casi tan ridículo como hacer paritarias del salario en negro. Si algo queda claro, es que no hay claridad en el mensaje y que más que dar tranquilidad producen todo lo contrario.

El gobierno sigue atacando las consecuencias tratando de anclar el dólar, en vez de atacar las causas bajando la inflación y el déficit que ya no puede tapar. El problema no es el dólar sino el peso, los argentinos ya no confían en el peso como lo hacían hace apenas unos meses. No confiar en los pesos en el fondo es no confiar en el rumbo del país y esto en realidad es lo más preocupante, porque a la gente no le gusta pensar en dólares sino que los terminan obligando a hacerlo.

¿Cuánto debe costar el boleto de colectivo?

El último aumento del boleto de colectivo a $2,70 trajo sobre la mesa nuevamente la cuestión de cuál debe ser el valor de este servicio tan sensible al bolsillo de los ciudadanos. ¿Podemos pensar en un tarifa justa?

Comparar el valor absoluto del boleto con el de las provincias vecinas (Resistencia $2.50 y Posadas $2,50 a partir de julio) no tiene mucho sentido, porque a demás de las particularidades del servicio prestado en cada una de ellas, el salario promedio en ambas ciudades es mayor al nuestro.

El precio del boleto de colectivo se determina a través de una fórmula polinómica, que tiene en cuenta diversos factores como ser costos de los diferentes insumos, recorrido del circuito, frecuencia del servicio entre otros tantos. Sin entrar en laberinto de su cálculo ni en juzgar si su aplicación es correcta o no, debemos saber que el valor que la fórmula arroja corresponde sólo al cálculo económico financiero para que el servicio de transporte pueda funcionar, pero no nos dice nada sobre la cuestión social. Es decir sobre cómo impacta esa tarifa en el bolsillo de los ciudadanos y qué efectos negativos trae al conjunto de la sociedad.

Al aumentar el costo del transporte público, la gente hace lo mismo que cuando aumenta cualquier otro bien, es decir compara si seguir consumiendo este o comprar uno que lo reemplace. En este caso podría comparar con la opción de tomar un remis en grupo (pero en este caso tiene que coordinar con otras personas)  o comprar un medio de transporte propio, que usualmente suele ser una moto (podría ser también un auto en otro nivel de ingresos).

Si la opción de comprar un medio de transporte propio es cada vez más conveniente que el transporte público, cada vez más gente va a utilizar esta opción, trayendo aparejado mayor congestión en el tránsito, mayores niveles de contaminación y mayores posibilidades de accidentes viales.

Sin embargo, lo que es más grave es lo que sucede con una gran franja de ciudadanos que no sólo no pueden comprar uno de estos transportes sustitutos del colectivo, sino que no pueden pagar el nuevo boleto y quedan marginados. Estos ciudadanos en general, al ser de recursos bajos no viven cerca de su trabajo y deben recorrer distancias más largas haciéndolo a pie o en el mejor de los casos en bicicleta, afectando de manera directa su calidad de vida y desarrollo.

Por último hay que tener en cuenta de que hemos caído en un círculo vicioso, dado que cada vez que se sube la tarifa viaja menos gente en colectivo y por lo tanto el servicio se vuelve menos rentable empujando otra vez a un nuevo aumento de tarifa, lo que producirá que más gente deje de viajar en transporte público nuevamente.

Se deberá buscar la forma de resolver esta cuestión, que no se trata sólo de fijar una tarifa para que funcione el servicio, sino desde la perspectiva del acceso a este y donde la opción del transporte privado sea una elección y no una conveniencia económica. Si acceder a un bien privado es más barato que un bien público este último ha dejado de serlo.

YPF: los parientes ricos y los pobres

Entre hoy y el jueves se definirá en la Cámara de Diputados de la Nación además de la expropiación del 51% de las acciones de YPF quienes serán los argentinos afortunados de ser dueños y aquellos que, como se dice popularmente “se quedarán mirando la fiambrera”.

De acuerdo al proyecto de ley enviado por CFK, del 51% del total de las acciones de la empresa expropiada, el 51% (26.03% del total) quedará en manos del Estado Nacional mientras que el 49% (24.97% del total) restante en manos de las provincias petroleras que se encuentran dentro de la OPEPHI (Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos). Es decir que sólo 10 de las 24 provincias que conforman el país tendrán derecho a tener acciones de la “nueva” YPF. De este modo, de las provincias que conforman nuestra región, sólo la “Dubai” del NEA (Formosa) podrá acceder a acciones de YPF, mientras que Corrientes, Chaco y Misiones se unirán a las otras 11 provincias que quedan afuera.

¿Por qué deben existir provincias privilegiadas por sobre otras? ¿No somos todos argentinos?. Acaso no es suficiente que las provincias petroleras cobren regalías sobre la producción de petróleo, como les fue otorgado mediante la Ley 26.197 promulgada en el 2006, generando mayores desigualdades entre las provincias que poseen aquellos recursos y las que no. Alguien podría imaginarse qué sucedería si las retenciones a la soja (que vendrían a ser como las regalías petroleras de las provincias que la producen) las cobraran las mismas provincias productoras, en vez del Estado Nacional. Sin dudas que si fuera así las diferencias serían aún mayores que las actuales.

Por otra parte si comparamos con los casos de las represas de Salto Grande y Yacyretá, al ser estos entes binacionales (no son las provincias, sino como corresponde las naciones las dueñas), las provincias que deberían percibir regalías (Corrientes no las percibe, dado que nación no le envía los fondos) no tienen la potestad plena sobre los recursos y dependen del ejecutivo nacional para el giro de los fondos. Es decir que, para poner un paralelismo, no pude quitar concesiones de forma directa, como si lo hicieron las provincias petroleras con YPF con tanta facilidad.   

En un país que se dice federal, el Estado Nacional debe buscar el crecimiento del conjunto de las provincias que componen su territorio. Siguiendo esta lógica, aquellos recursos que no se distribuyen de manera uniforme en el territorio (como pueden ser el petróleo o la minería) deberían quedar en manos del Estado Nacional para poder ser distribuidos en pos del desarrollo nacional. Si esto no ocurre de este modo, habrá provincias bendecidas por la naturaleza y otras con “mala suerte”, es decir que habrá ciudadanos que no por su capacidad, sino por el azar serán ricos, mientras que otros pobres, sólo por obra de la naturaleza.

El hecho de que YPF sea de todos, además de ser justo podría ser un camino para comenzar a torcer estas diferencias y fortalecer los lazos solidarios interprovinciales. Sin embargo del modo que está planteado el proyecto las provincias de la OPEPHI, además de tener la bendición de tener petróleo y gas, de tener por ley el privilegio de poder cobrar regalías y decidir sobre todo lo referido a su producción de petróleo, tendrán el injustificable privilegio de ser “más” dueñas de YPF que el resto de las provincias. Tendrán más derechos unas provincias que otras sobre una empresa que es de todos los argentinos.

Si los diputados nacionales no logran cambiar el proyecto enviado, en esta nueva historia de YPF hacia el futuro estarán los parientes ricos y los parientes pobres de los hidrocarburos nacionales, donde los primeros tendrán voz y voto, mientras que para los segundos quedará el injusto silencio.