El último aumento del boleto de colectivo a $2,70 trajo sobre
la mesa nuevamente la cuestión de cuál debe ser el valor de este servicio tan
sensible al bolsillo de los ciudadanos. ¿Podemos pensar en un tarifa justa?
Comparar el valor absoluto del boleto con el de las
provincias vecinas (Resistencia $2.50 y Posadas $2,50 a partir de julio) no
tiene mucho sentido, porque a demás de las particularidades del servicio
prestado en cada una de ellas, el salario promedio en ambas ciudades es mayor
al nuestro.
El precio del boleto de colectivo se determina a través de
una fórmula polinómica, que tiene en cuenta diversos factores como ser costos
de los diferentes insumos, recorrido del circuito, frecuencia del servicio
entre otros tantos. Sin entrar en laberinto de su cálculo ni en juzgar si su
aplicación es correcta o no, debemos saber que el valor que la fórmula arroja
corresponde sólo al cálculo económico financiero para que el servicio de
transporte pueda funcionar, pero no nos dice nada sobre la cuestión social. Es
decir sobre cómo impacta esa tarifa en el bolsillo de los ciudadanos y qué
efectos negativos trae al conjunto de la sociedad.
Al aumentar el costo del transporte público, la gente hace lo
mismo que cuando aumenta cualquier otro bien, es decir compara si seguir
consumiendo este o comprar uno que lo reemplace. En este caso podría comparar
con la opción de tomar un remis en grupo (pero en este caso tiene que coordinar
con otras personas) o comprar un medio
de transporte propio, que usualmente suele ser una moto (podría ser también un
auto en otro nivel de ingresos).
Si la opción de comprar un medio de transporte propio es cada
vez más conveniente que el transporte público, cada vez más gente va a utilizar
esta opción, trayendo aparejado mayor congestión en el tránsito, mayores
niveles de contaminación y mayores posibilidades de accidentes viales.
Sin embargo, lo que es más grave es lo que sucede con una gran
franja de ciudadanos que no sólo no pueden comprar uno de estos transportes sustitutos
del colectivo, sino que no pueden pagar el nuevo boleto y quedan marginados.
Estos ciudadanos en general, al ser de recursos bajos no viven cerca de su
trabajo y deben recorrer distancias más largas haciéndolo a pie o en el mejor
de los casos en bicicleta, afectando de manera directa su calidad de vida y
desarrollo.
Por último hay que tener en cuenta de que hemos caído en un
círculo vicioso, dado que cada vez que se sube la tarifa viaja menos gente en
colectivo y por lo tanto el servicio se vuelve menos rentable empujando otra
vez a un nuevo aumento de tarifa, lo que producirá que más gente deje de viajar
en transporte público nuevamente.
Se deberá buscar la forma de resolver esta cuestión, que no
se trata sólo de fijar una tarifa para que funcione el servicio, sino desde la
perspectiva del acceso a este y donde la opción del transporte privado sea una
elección y no una conveniencia económica. Si acceder a un bien privado es más
barato que un bien público este último ha dejado de serlo.
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