Entre hoy y el
jueves se definirá en la Cámara de Diputados de la Nación además de la
expropiación del 51% de las acciones de YPF quienes serán los argentinos
afortunados de ser dueños y aquellos que, como se dice popularmente “se
quedarán mirando la fiambrera”.
De acuerdo al
proyecto de ley enviado por CFK, del 51% del total de las acciones de la
empresa expropiada, el 51% (26.03% del total) quedará en manos del Estado
Nacional mientras que el 49% (24.97% del total) restante en manos de las
provincias petroleras que se encuentran dentro de la OPEPHI (Organización
Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos). Es decir que sólo 10 de
las 24 provincias que conforman el país tendrán derecho a tener acciones de la
“nueva” YPF. De este modo, de las provincias que conforman nuestra región, sólo
la “Dubai” del NEA (Formosa) podrá acceder a acciones de YPF, mientras que
Corrientes, Chaco y Misiones se unirán a las otras 11 provincias que quedan
afuera.
¿Por qué deben
existir provincias privilegiadas por sobre otras? ¿No somos todos argentinos?.
Acaso no es suficiente que las provincias petroleras cobren regalías sobre la
producción de petróleo, como les fue otorgado mediante la Ley 26.197 promulgada
en el 2006, generando mayores desigualdades entre las provincias que poseen
aquellos recursos y las que no. Alguien podría imaginarse qué sucedería si las
retenciones a la soja (que vendrían a ser como las regalías petroleras de las
provincias que la producen) las cobraran las mismas provincias productoras, en
vez del Estado Nacional. Sin dudas que si fuera así las diferencias serían aún
mayores que las actuales.
Por otra parte
si comparamos con los casos de las represas de Salto Grande y Yacyretá, al ser
estos entes binacionales (no son las provincias, sino como corresponde las
naciones las dueñas), las provincias que deberían percibir regalías (Corrientes
no las percibe, dado que nación no le envía los fondos) no tienen la potestad
plena sobre los recursos y dependen del ejecutivo nacional para el giro de los
fondos. Es decir que, para poner un paralelismo, no pude quitar concesiones de
forma directa, como si lo hicieron las provincias petroleras con YPF con tanta
facilidad.
En un país que
se dice federal, el Estado Nacional debe buscar el crecimiento del conjunto de
las provincias que componen su territorio. Siguiendo esta lógica, aquellos
recursos que no se distribuyen de manera uniforme en el territorio (como pueden
ser el petróleo o la minería) deberían quedar en manos del Estado Nacional para
poder ser distribuidos en pos del desarrollo nacional. Si esto no ocurre de
este modo, habrá provincias bendecidas por la naturaleza y otras con “mala
suerte”, es decir que habrá ciudadanos que no por su capacidad, sino por el
azar serán ricos, mientras que otros pobres, sólo por obra de la naturaleza.
El hecho de
que YPF sea de todos, además de ser justo podría ser un camino para comenzar a
torcer estas diferencias y fortalecer los lazos solidarios interprovinciales.
Sin embargo del modo que está planteado el proyecto las provincias de la
OPEPHI, además de tener la bendición de tener petróleo y gas, de tener por ley
el privilegio de poder cobrar regalías y decidir sobre todo lo referido a su
producción de petróleo, tendrán el injustificable privilegio de ser “más”
dueñas de YPF que el resto de las provincias. Tendrán más derechos unas
provincias que otras sobre una empresa que es de todos los argentinos.
Si los
diputados nacionales no logran cambiar el proyecto enviado, en esta nueva
historia de YPF hacia el futuro estarán los parientes ricos y los parientes
pobres de los hidrocarburos nacionales, donde los primeros tendrán voz y voto,
mientras que para los segundos quedará el injusto silencio.
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