El programa de viviendas Pro.Cre.Ar, lanzado por
el gobierno la semana pasada sin dudas apunta a resolver una deuda pendiente
que tiene la gestión kirchnerista con la ciudadanía. Prueba de ello fue la
abrumadora respuesta de la gente para inscribirse, a pesar de que los pasados
anuncios como el “Plan Inquilinos” terminaron en total fracaso al haber
anunciado que se otorgarían 500 mil créditos cuando se concretaron menos de 8
mil.
Más allá de si el plan cumplirá con las 400 mil
casas prometidas en cuatro años (274 casas por día), cosa muy poco probable, es
preocupante saber que la fuente de financiamiento será nuevamente el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La misma que paga una jubilación
nacional mínima de $1.687 pesos.
Si bien muchos de los programas que financia la
ANSES (como la Asignación Universal por Hijo o Conectar
igualdad) tienen un impacto social innegable, que lo tengan que
pagar los jubilados es totalmente cuestionable. Sin embargo, muchas
veces se ha escuchado decir desde el gobierno que este es un sistema “solidario”,
donde los que aportan financian la educación y el futuro de los niños o como
dice el último informe de la ANSES: “la rentabilidad es entendida no sólo desde
un punto de vista financiero, sino también social”.
La pregunta es ¿qué significa esto? Significa
que, para los que administran la ANSES está bien que haber cambiado la plata de
los jubilados (57,8% del dinero del FGS) por títulos públicos que rinden un 12%
cuando la inflación es del 25% para financiar al Estado y que no conforme con
esto, los abuelos se van a tener que “solidarizar” otra vez para financiar los
nuevos créditos que se prestarán a tasas entre 2% y 16%.
Como deja ver un reciente informe del Instituto
de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), los aportes
de los jubilados cada vez valen menos, donde a fines de 2009, el Fondo de
Garantía podía hacer frente al equivalente a 16 meses de jubilaciones
nacionales, hoy solo son 12 meses y donde éste fondo representaba el 12,4% del
PBI a fines del 2010 hoy representa solo un 10%.
Por otra parte hay que destacar que los fondos
no son todos nacionales. Como bien muestra el último informe presentado por el
IARAF, de los 20.000 millones anuales que necesitaría el Pro.Cre.Ar para financiarse,
más de la mitad lo ponen las provincias (un 59%, es decir unos 11.800 millones)
a través del 15% que se les retiene de coparticipación. En el caso de
Corrientes su aporte será de $421 millones de pesos anuales.
Para poner este último número en perspectiva hay
que tener en cuenta que nuestro instituto de la vivienda IN.VI.CO recibe unos
120 millones anuales del gobierno nacional a través FONAVI. Es decir
que Corrientes pondría por año casi 3 veces de lo que hoy recibe, pero sin poder
hacerlo a través de una institución que está hecha para hacer viviendas como es
el IN.VI.CO. y sin la garantía de que ese dinero se volcará acá.
Nos podemos preguntar ¿por qué el gobierno
nacional no gira los fondos para que cada provincia pueda desarrollar su política
habitacional a través de instituciones que siempre lo hicieron, como los
institutos de vivienda provinciales? y por otra parte ¿quién se va a
solidarizar con los jubilados que cobran una mínima de $1.687 mientras sus
fondos se gastan en otros programas?
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